OBRAS AFECTADAS EN LA PROVINCIA POR LA CAÍDA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN PRIVADA

El año que recién inicia no trae buenas expectativas en cuanto a las obras necesarias y prometidas para la provincia. El crítico panorama económico que presenta el país hizo que se pongan en pausa tres proyectos que resultan imprescindibles para Salta. Dos de ellos se iban a financiar con el suspendido sistema de participación público privado (PPP) y el restante con una variante del mismo.

La reconversión a autopista de parte de la traza salteña de la ruta nacional 34, entre Rosario de la Frontera y el límite con Jujuy, es uno de los planes PPP que cayó en desgracia luego de que el presidente Mauricio Macri anunció, a fines de diciembre, la paralización de las licitaciones bajo el esquema de financiamiento privado.

La misma suerte corrió, por igual causa, la construcción de 1.650 viviendas que estaba prevista para 2018 en cinco ciudades de la provincia, pero las carpetas de los complejos habitacionales fueron cajoneadas en el Ministerio del Interior.

La crisis de la economía nacional también dejó en jaque, al menos por ahora, la ambiciosa iniciativa de Aguas del Norte para buscar fondos privados que se encarguen de la segunda etapa de la megaobra del acueducto del dique Campo Alegre.

Marcha atrás

Luego de una reunión de urgencia con su gabinete, el 19 de diciembre pasado, el presidente Macri decidió no abrir los llamados a licitación del sistema PPP previstos para este año debido al «incremento del riesgo país». Así, por la imprevisibilidad económica que lleva a tasas exorbitantes la financiación privada, entraron en estado de latencia proyectos de obras por 21.000 millones de dólares previstas entre 2019 y 2023.

Ese esquema era la carta bajo la manga del Gobierno nacional para llevar adelante su programa de construcción en un año electoral y poder sortear el fuerte ajuste fiscal que se puso en marcha tras entrar bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La denominada causa de los cuadernos fue uno de los primeros golpes que recibió el programa PPP. La mayoría de las empresas que tenían espalda para llevar adelante las obras en ese sistema quedaron manchadas por la investigación de las coimas que se habrían otorgado durante la gestión kirchnerista y quedaron imposibilitadas para pedir créditos internacionales.

Ese inconveniente se trató de subsanar con la creación de un fideicomiso, que los bancos iban a sostener para prestar a las firmas, pero la solución no alcanzó por el empeoramiento de la economía. De las obras planeadas pudieron licitarse y otorgarse seis corredores viales a través del Ministerio de

Transporte de la Nación. Son 2.800 kilómetros de autopistas y otros 4.000 kilómetros de rutas seguras con un plazo de ejecución de entre 30 a 60 meses.
Las constructoras adjudicatarias tuvieron problemas para conseguir garantías luego del estallido del dólar y presentaron dificultades para obtener créditos a tasas razonables. Ante esa situación, en la cartera que dirige Guillermo Dietrich buscan alternativas para darles a las empresas un mayor plazo para presentar sus planes financieros y no perder las obras y los fondos de garantía que pusieron por ellas.

Ruta de la muerte

Los arreglos necesarios para evitar más tragedias viales en la ruta nacional 34 parecen destinados a la eterna postergación. La construcción de una autopista sobre esa vía fue uno de los ejes de los anuncios del Plan Belgrano, pero en Salta no se avanzó ni un kilómetro en la concreción del proyecto.
El tramo salteño de la denominada “ruta de la muerte” se encontraba en la segunda ronda de las suspendidas licitaciones para el programa PPP. El paquete comprendía vías adicionales, puentes, colectoras, distribuidores, cruces elevados y variantes proyectadas desde Rosario de la Frontera hasta el río Las Pavas, límite de Salta con Jujuy.
De ese trayecto solo queda en pie la promesa de hacer una autopista en el tramo de casi 40 kilómetros entre Rosario de la Frontera y Metán, pero se concretaría con fondos nacionales, según se anunció desde el Ministerio de Transporte.
El plan original que se había derivado a la suerte del financiamiento privado incluía también la reconstrucción de los 42 kilómetros que tiene la autopista de acceso a la ciudad de Salta desde la rotonda de Torzalito en General Güemes.
El presupuesto oficial de las obras en tierras salteñas se había estimado en $10.500 millones en junio pasado, cuando el dólar estaba a $28. La devaluación del peso siguió hasta estos días y hoy la cotización de la moneda extranjera ronda los $40, por lo que la próxima estimación de costos de la construcción de la autopista tendrá que contemplar un importante incremento inflacionario.
En el Presupuesto nacional 2019 se destinaron cerca de $600 millones para la recuperación y mantenimiento de la ruta nacional 34. La diferencia de casi $10 mil millones (sin la actualización inflacionaria correspondiente) con la tasación global del proyecto habla a las claras de las prioridades que existen sobre la principal vía de acceso a la provincia.

Viviendas

Otro de los pasos en falso que Nación dio con el sistema PPP fue en los proyectos habitacionales que quedaron truncos aún antes que la economía argentina colapse.
En el caso de Salta, con el financiamiento privado el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) confiaba en 2018 poder suplantar el recorte de fondos del 41% que se dispuso en el Presupuesto nacional del período anterior.
En los primeros meses del año pasado se tenía que haber iniciado la edificación de 1.650 viviendas en cinco ciudades de la provincia, bajo la modalidad mixta que finalmente no prosperó.
Mediante el esquema PPP, el sector privado iba a aportar las tierras, construir y comercializar, mientras que el Estado tenía que financiar la adquisición de los inmuebles mediante programas de subsidios y créditos hipotecarios. La parte pública también podía proveer de lotes para la edificación.
En 2017, el IPV llevó adelante dos concursos de presentación de proyectos privados. Durante la primera compulsa de ofertas, efectuada en septiembre de ese año, se presentaron carpetas para edificar 98 viviendas en General Mosconi y 91 en Tartagal, a cargo de Garín Juan Pedro Construcciones, y otras 622 divididas en tres etapas en la ciudad de Salta, planificadas por Incovi.
En la segunda convocatoria, realizada dos meses más tarde, hubo tres oferentes, que propusieron un total de 1.198 viviendas y departamentos.
La empresa Garín Juan Pedro Construcciones ofertó el desarrollo de 162 viviendas en General Mosconi. Vicente Moncho Construcciones presentó tres proyectos para 200 viviendas en Cerrillos, 304 departamentos en el barrio capitalino El Bosque y 432 departamentos en barrio 12 Apóstoles de la misma ciudad. La firma Mario Banchik & Cia S.R.L., en tanto, proyectó 100 casas en San José de Metán.
De las 2.009 viviendas propuestas se tendría que haber aprobado 1.650, pero el plan quedó solo en buenas intenciones.

Agua

Todas las expectativas que se habían puesto en una innovadora iniciativa para acceder al financiamiento que permita concluir el acueducto de Campo Alegre parecen haberse disuelto con la misma rapidez que se deterioró la economía nacional.
A mediados de 2018, Aguas del Norte puso en marcha una licitación para la segunda etapa de la obra con la que se abastecerá a La Caldera, Vaqueros y la ciudad de Salta. La primera parte del proyecto ya está en marcha con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y está prevista su finalización a mediados este año con los caños troncales ya proveyendo de agua potable hasta la zona norte de la capital salteña.
Para la segunda etapa, destinada a más de 200 mil usuarios de las zonas este y macrocentro de la ciudad, se invitó a los oferentes de la licitación que no solo presenten sus cotizaciones sino también la fuente económica que solventará sus proyectos de obra.
La convocatoria de la compañía pública es por un presupuesto oficial de casi 51 millones de dólares. Ese monto, o lo que se oferte, lo podrá proveer algún grupo inversor, entidades bancarias o, incluso, los fondos pueden provenir de otros Estados, como del Gobierno español, por ejemplo, que se hizo cargo de obras similares.
El garante de pago sería la Provincia, por lo que si se avanza con la licitación, la aprobación del posible crédito tendrá que ser autorizado por la Legislatura.
Desde Aguas del Norte explicaron a El Tribuno que si bien el proceso de licitación sigue en marcha, la concreción del mismo está supeditado a la coyuntura económica y se analiza la factibilidad de avanzar con el proyecto.
FUENTE: EL TRIBUNO