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Una mujer policía no podría ejercer un cargo público de por vida por cobrar “coimas”

Salta Una mujer policía no podría ejercer un cargo público de por vida por cobrar "coimas"

16 de enero 2017 – 18:20 Se trata de la sargento Lucía Irene Burgos. Se desempeñaba en la Comisaría 8va. Cobraba unos 1500 pesos para levantar o evitar clausuras de locales comerciales.

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{[ caption ]}{[copyright]} {[ caption ]}{[copyright]} {[ caption ]}{[copyright]} {[ content ]} {[ caption ]}{[copyright]} {[ caption ]}{[copyright]} {[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]} La sargento Lucía Irene Burgos, quien prestaba servicios en la Comisaría Octava, fue condenada en juicio abreviado por irregularidades en los sumarios contravencionales que tenía a su cargo, donde exigía dinero a comerciantes.La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, representó al Ministerio Público ante el Juzgado de Garantías en feria y solicitó con el acuerdo de las partes, juicio abreviado para la sargento de la Policía de la Provincia, Lucía Irene Burgos, imputada por los delitos de exacciones ilegales (siete hechos) en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada, toda vez que aprovechando su función como personal policial encargada del área de sumarios contravencionales de la Comisaría Octava, exigía a los denunciantes mediante intimidación e invocando un orden superior, sumas de dinero que rondaban los 1500 pesos para evitar o levantar clausuras de locales comerciales por la venta indebida de bebidas alcohólicas.La investigación se inició ante la advertencia de las propias autoridades de esa Comisaría y la fiscalía de la zona ante diversas denuncias de comerciantes de la zona que mencionaban a Burgos como quien les exigía las sumas de dinero de manera informal y no les entregaba comprobante alguno.Luego que la imputada confesara la autoría de los hechos endilgados, fue condenada a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargo publico (por lo que no podrá ejercer ningún puesto o función en el Estado) y reglas de conducta por el término de dos años (mantener actualizado su domicilio, conseguir oficio o profesión, prestar trabajo comunitario por dos años en una institución pública y no cometer nuevo delito).
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