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11/02/2017 Brasil
Acuerdo para terminar la huelga policial que generó al menos 121 muertos
El Gobierno de Espírito Santo y las fuerzas alcanzaron un pacto para terminar con la medida de fuerza que desató una ola de violencia.
Un acuerdo firmado entre el Gobierno de Espírito Santo, en el sudeste de Brasil, y asociaciones representantes de la Policía Militar abrió la puerta para poner fin a la crisis de seguridad que desató una ola de violencia con al menos 121 muertos.
Tras seis días de un auténtico caos en las calles de Vitoria, la capital regional, y otras ciudades del estado, las partes alcanzaron un pacto recogido en ocho puntos que debe terminar con la huelga iniciada por los agentes en protesta por las malas condiciones laborales y la falta de inversión en seguridad.
El secretario de Derechos Humanos de Espírito Santo, Julio César Pompeu, aseguró que los agentes que secundaron el paro "no sufrirán sanciones disciplinarias".
No obstante, el secretario dejó en el aire la retirada total de los cargos presentados por el Gobierno contra unos 700 policías por delito de "revuelta", cuya pena puede llegar a los 20 años de prisión.
"Aquellos que fueron presentados, ya están presentados y esas investigaciones van a seguir su curso normal", apuntó Pompeu, con un tono más afable que anteriores comparecencias realizadas por miembros del mismo gabinete, quienes prefirieron optar por la vía de la mano dura.
Esa dureza en el discurso fue manifiesta también en las palabras del presidente Michel Temer, que se pronunció el viernes por primera vez de la crisis en Espírito Santo, la que era hasta entonces una de las regiones con menor tasa de homicidios del país.
El mandatario expresó en una nota oficial su "condena" a la "paralización ilegal" de la Policía Militar y afirmó que el Gobierno actuará con todo el "rigor" para contenerlas, pues se trata de "comportamientos inaceptables".
Desde el comienzo de la huelga, la ausencia de las patrullas en las calles ha provocado una ola de violencia que dejó al menos 121 personas muertas, saqueos y un incremento de los robos, según datos del Sindicato regional de los Policías Civiles.
La crisis obligó al estado a solicitar la ayuda del Ejército y de la Fuerza Nacional, que se hicieron cargo de la seguridad regional con la llegada desde el miércoles de más de 2.000 soldados y agentes especializados, lo que redujo las acciones violentas, pero no acabó definitivamente con ellas. etiquetas
