SE APROBÓ LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS EN EL MUNICIPIO DE IRUYA
Mediante un tratamiento sobre tablas, la Cámara de Diputados aprobó, en el marco de la Ley 7.931, el Proyecto de Ley que autoriza la realización de obras públicas y la adquisición de maquinarias de acuerdo al acta de la Comisión Departamental del municipio de Iruya y el decreto 2.042/16.
La iniciativa propone la refacción y empedrado de la Plaza de Rodeo Colorado y la construcción de red de cloacas en la etapa 1 del Barrio La Banda.
El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.
MEDIA SANCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ISLA LAS CAÑAS
Mediante un tratamiento sobre tablas, la Cámara de Diputados aprobó, en el marco de la Ley 7931, el Proyecto de Ley que autoriza la realización de obras públicas y la adquisición de maquinarias de acuerdo al acta de la Comisión Departamental del municipio de Isla Las Cañas y el decreto 2.042/16.
La iniciativa propone la construcción, reparación y empedrado de distintas calles de la ciudad.
El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.
RECLAMAN EL PAGO DE HABERES ADEUDADOS A DOCENTES DEL PLAN FINES
En un tratamiento sobre tablas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que reclama al gobierno provincial y nacional el pago de haberes adeudados a los 190 docentes contratados el Plan Fines de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs) en Salta.
El diputado Claudio Del Plá, uno de los autores del proyecto, comentó que este plan ayuda a muchos estudiantes a terminar el secundario, para lo que se contrataron 190 docentes de la provincia, a los cuales se les debe en gran parte su salario.
“Existe un destrato hacia estos profesionales con esta relación laboral precaria que se plantea tanto desde el gobierno nacional que no envía los fondos, como de la provincia que no se responsabiliza por la difícil situación”, dijo el legislador.
El proyecto fue autoría de los diputados del bloque del Partido Obrero, el mismo fue aprobado por unanimidad.
SOLICITAN DEJAR SIN EFECTO EL DECRETO PRESIDENCIAL QUE BUSCA LA SUBA RETROACTIVA A EMPRESAS DE GAS EN 24 CUOTAS
Mediante un tratamiento sobre tablas, la Cámara de Diputado solicitó a las autoridades correspondientes dejar sin efecto el decreto 20/18 de la Secretaría de Gobierno y Energía de la Nación, mediante el cual se obliga a los usuarios del servicio de gas a pagar en sus boletas el importe extra del servicio prestado entre el 1° de abril al 30 de septiembre de 2018.
“Esta medida crea un nuevo tributo producto de la devaluación que estará a cargo del pueblo, recompensando y recuperando a favor de los productores de gas la diferencia y la variación por el tipo de cambio, suba del dólar y entre los precios previstos por el contrato”, señala el texto del proyecto.
El diputado Lucas Godoy catalogó a la medida tomada por el Gobierno Nacional como arbitraria e injusta que atenta contra todos los argentinos, principalmente los de escasos recursos, cuando el producto de este problema es la devaluación producida por el mismo Poder Ejecutivo Nacional.
“Esto es una burla para todo el pueblo argentino y peor aún es que representantes de Nación empezaron a relativizar el precio del importe diciendo que el mismo es muy bajo, pero ellos no tienen en cuenta que hay gente que escasamente puede pagar los servicios y esto es otro ataque”, dijo el legislador.
Así también, el diputado del bloque del Partido Justicialista expresó que es absurdo pagar por algo que ya se consumió para cubrir las supuestas pérdidas de los empresarios.
En tanto, el diputado Germán Rallé remarcó que el gas es una necesidad básica y se la está restringiendo a gran parte de la población, escudándose en que estás medidas son legales y democráticas.
Por su parte, el diputado Pedro Sández expresó que el gobierno de Cambiemos está provocando que todo el pueblo argentino se levante contra ellos para frenar los arrebatos que han sufrido.
El diputado Dionel Ávalos afirmó que se está golpeando a los más necesitados y como legisladores no se puede fomentar que se realicen este tipo de acciones en beneficio de empresas que perciben grandes cantidades de ganancias a costa del sacrificio de los trabajadores que cada día pierden más poder adquisitivo.
Por otro lado, la diputada Betty Gil manifestó que está decisión del gobierno nacional es un atropello a todas las personas que ganan muy poco dinero y que se les va a hacer imposible poder afrontar estos nuevos montos.
En tanto, el diputado Guillermo Martinelli afirmó que esta medida es totalmente inconstitucional y está en contra de las legalidades del país, ya que los usuarios ya pagaron anteriormente el servicio consumido entre abril y septiembre.
“Ante esta situación nos protege la ley, el código civil y la buena fe, pese a que esta última parece estar ausente en quienes avalan esta medida, ya que este retroactivo que se les va a cobrar a los usuarios es inaudito y sin precedentes no respetando la legalidad argentina”, dijo el legislador.
El diputado Claudio Del Plá describió a la medida como un atropello contra la clases más bajas que vieron reducida en la mitad la rentabilidad de su salario en dólares en lo que va del gobierno macrista, y ahora tiene que garantizar la rentabilidad de las empresas.
“El gobierno nacional asegura que estas medidas garantizan la entradas del país al mundo y que son la llave para que Argentina crezca, funcionen y se desarrollen industrias y trabajos pero nada de esto sucede sino que al contrario nos perjudicaron a todos”, dijo el legislador.
En tanto, el diputado Mario Mimessi aseguró que es necesario dar marcha atrás con esta medida y que sean las empresas de gas quienes deban adecuarse a la difícil situación ya que históricamente son las más beneficiadas.
Así también, el diputado Ramón Villa afirmó que esta es otra medida que golpea al bolsillo de todos los argentinos.
Por su parte, el diputado Martín De Los Ríos detalló que el costo del gas tiene tres actores: productores, transportistas y distribuidores, y que la ley aprobada en 1992 prevé que se garanticen las pérdidas por devaluación para los gastos de producción.
“La cuestión es muy compleja, debemos entender que la devaluación es el problema más grande que tenemos y esto debemos afrontarlo de la mejor manera para que la gente deje de sufrir una angustia constante”, dijo el legislador.
El texto aprobado por unanimidad fue acordado en el recinto luego de que se unificasen los tres proyectos al respecto, presentados por el Bloque Justicialista, el bloque Renovador y la diputada Betty Gil
