Según informó Pagina 12, Muchas de las empresas contratistas de la Municipalidad de Salta durante 2017 y la primera mitad de 2018 no habrían contado con la “capacidad económica y financiera para prestar la actividad facturada”. Así surge de la investigación que realizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y cuyos resultados fueron presentados ante la Justicia Federal a fines de 2018, dando origen al célebre caso de las “facturas apócrifas” que terminó en la detención del empresario Matías Huergo.
Las presentaciones realizadas por el organismo fiscal nacional fueron distribuidas ayer a la prensa por el diputado nacional y candidato a gobernador Sergio “Oso” Leavy en una conferencia de prensa en la que le exigió a la Justicia provincial que investigue el caso, en medio de una disputa de competencias con la Justicia Federal. En la documentación a la que tuvo acceso Salta/12 no se aportan pruebas que permitan realizar una ampliación de la denuncia por supuestas irregularidades, pero sí se describen con mucho detalle las irregularidades detectadas por la AFIP.
Finalmente, la AFIP analizó la capacidad patrimonial de sus accionistas, y concluyó que “no exterirorizan bienes que permitan determinar el origen de los fondos con que adquirieron el paquete accionario de SEC SA” en enero de 2017. Camila Muñoz directamente no está inscripta en la AFIP y Gerardo Rubén Romero no tiene bienes a su nombre. La empresa tampoco.
Flojas en papeles
Pero SEC SA no es la única contratista de la Municipalidad de Salta sospechada de ser apócrifa. De la presentación ante la Justicia Federal se desprende que la AFIP investigó la situación de 26 empresas proveedoras de la comuna capitalina que eligió por integrar la lista de las compañías que le facturaron al municipio salteño desde una computadora ubicada en el propio Centro Cívico Municipal.
Fuente: Pagina 12.
