La denuncia contra Gustavo Sáenz, actual mandatario y ganador de las PASO en la capital salteña. Testaferros y licitaciones sospechadas.
El domingo 6 fue un día de fiesta para Gustavo Sáenz y la coalición panperonista que comanda en Salta. El intendente de la capital, que probablemente se convierta en el gobernador de esa provincia para fin de año, sacó un 42% de los votos en las PASO, lejos del 32% que sumó el Frente de Todos.
Pero hay algunos números que no le sonríen al intendente. Son los que tienen a su municipio en la mira, por un escándalo de facturas truchas a empresas fantasmas, algunas ligadas a funcionarios provinciales, por un monto que supera los $ 500 millones y que, hasta el momento, se llevó puesto a su secretario de Hacienda y puso a un oscuro empresario, íntimo del apoderado del PJ salteño, tras las rejas.
Sospechas. El caso es increíble. Comienza cuando, a fines de 2017, una alarma salta en la AFIP salteña: SECSA, una supuesta empresa dedicada a la “construcción de redes de distribución de telecomunicaciones y servicios públicos”, gana una licitación del municipio para la construcción de 600 farolas y 690 luminarias. La cantidad de irregularidades que detecta el organismo cuando investiga esta contratación es impresionante.
Los supuestos dueños de la sociedad son Gerardo Romero, un jubilado con la mínima de 74 años, que no es titular de ningún bien, y Camila Muñoz, una chica de 24 años que vive con sus padres, no es titular de bienes ni empleada en relación de dependencia y nunca salió del país. “Hombres de paja”, los define la AFIP, en la investigación a la que NOTICIAS accede en exlusiva. SECSA, que ese año sólo tiene como cliente a la municipalidad, registra sólo un empleado en blanco, que sería quien hizo toda la colocación de las farolas y las luminarias. Mucho trabajo para el hombre.
Además, la empresa le emite a la municipalidad ocho facturas por $ 8.632.540, pero registra acreditaciones, por parte de la intendencia, por $ 13.769.231: hay más de cinco millones que la municipalidad entregó sin factura. “La firma no posee la capacidad necesaria para producir las farolas, ni exterioriza la compra de las mismas, no posee personal necesario, pero percibe pagos millonarios de un único cliente: el Estado municipal. Aparenta ser una firma de papel, y la maniobra resulta compatible con la utilización de firmas para el lavado de dinero de actividades ilícitas y el desmanejo de fondos públicos”, dice la AFIP.
Pero esta historia recién comienza. Romero y Muñoz se hacen con la empresa en enero de 2017 y en febrero le otorgan “poder general” a los hermanos Anaquín, Álvaro y Aníbal, que los habilitaba a mover y retirar el dinero de la sociedad. Los Anaquín tienen domicilio en el estudio jurídico “Giacosa y Asociados” -propiedad de Guido Giacosa, funcionario de la gobernación-, en la calle Vicente López 1107. Es la misma ubicación donde está SECSA.
Pero eso no es lo único importante, sino las biografías: Aníbal fue procurador de la municipalidad en la gestión anterior a la de Sáenz, fue coordinador Legal y Técnico de la provincia, y es hoy el apoderado del PJ provincial, mientras que Álvaro es empleado de la provincia.
Pero el asunto se enturbia mucho más cuando la AFIP, con estas pruebas, consigue la autorización de Leonardo Bavio, a cargo del Juzgado Federal 1º de Salta, y procede a intervenir los teléfonos de los involucrados y luego a allanarlos. El asunto ahí pasa de escandaloso a tragicómico.
La AFIP descubre que no sólo con SECSA funciona este grupo de funcionarios y testaferros. Romero, el jubilado “dueño” de esa empresa, comparte la titularidad de la sociedad Arcadio Obras Eléctricas, también contratista de la municipalidad, con Matías Huergo, a quien también “emplea” en la empresa Lusal Mantelecric (que tiene la consesión del servicio de alumbrado público de la ciudad). Huergo no es un empresario cualquiera: en la foto que ilustra esta nota se lo puede ver feliz en su casamiento, acompañado por Sáenz y por el jet set salteño.
Escuchas. En la intervención del teléfono de Huergo salta el núcleo del escándalo que enchastra al intendente y también a Urtubey: “Che, te va a llamar Pablo Gauffin, él nos va a hacer una factura para que no tengamos que pagar el IVA, ¿ta? Es el secretario de Hacienda, así que tratalo más que bien”, le dice Huergo a un empleado, el 6 de marzo de 2018. Ese mismo mediodía tiene una llamada similar con otro empleado. “Ayer me junté con Pablito Gauffin y me dijo que tiene que sacar el pago, y de hecho esta operación es para él”, aclara Huergo, en referencia a que el entonces secretario de Sáenz también estaba cobrando por lo suyo.
Y el escándalo se multiplica. La AFIP descubre que las facturas que hicieron las sociedades investigadas se hicieron ni más ni menos que con la misma IP de la municipalidad salteña: es decir, las empresas “emitieron” las facturas desde la intendencia. Y no sólo eso: la investigación descubre que hay otras 26 empresas que también emitieron facturas desde esa IP, 10 de las cuales, según la AFIP, “no poseerían capacidad económica ni financiera para prestar la actividad facturada”. La suma que facturaron estas 26 empresas sospechadas es escalofriante: $ 422.238.276.
A mediados de este año la causa se empezó a acelerar. Huergo cayó detenido -el único hasta ahora- y Gauffin renunció a su cargo en marzo aduciendo motivos personales. Y a la semana Sáenz tuvo un pico de presión y terminó internado, y fue visitado en el hospital por Urtubey. A Sáenz, que en el escándalo D’Alessio había sido mencionado por el falso abogado como “el cajero de Stornelli”, el caso no lo afectó al menos en votos.
El procurador de la ciudad de Salta, Juan Pérez Alsina, dijo a NOTICIAS que pidieron ser querellantes en la causa, y que hasta que eso no suceda y no tengan acceso al expediente, “no pueden decir ni saber nada más” que lo que revela esta nota. El escándalo sigue abierto.
FUENTE: REVISTA NOTICIAS
