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Cristina "apuró" a la Justicia y pidió que definan su procesamiento en la causa del dólar futuro
Su abogado solicitó el "pronto despacho" del expediente, tras considerar que ya venció el plazo establecido para que la Cámara decida.
La expresidenta Cristina Kirchner reclamó que se defina si será sobreseída o irá a juicio oral, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compraventa de dólar futuro durante el final de su mandato. Cristina le reclamó a la sala II de la Cámara Federal porteña que confirme o revoque el procesamiento que le dictó el juez federal Claudio Bonadio.
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Su abogado, Carlos Beraldi solicitó el "pronto despacho" del expediente, tras considerar que ya venció el plazo establecido para que la Cámara decida. Hace más de un mes, Cristina pidió el sobreseimiento. La Sala II de la Cámara Federal porteña, que será la encargada de definir la situación procesal de la expresidenta, está integrada por los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.
El juez Bonadio la procesó y la embargó por defraudación a la administración pública.
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En el fallo, que emitió el 13 de mayo, el magistrado también procesó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, y al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.
LA CAUSA
La denuncia que abrió la causa fue presentada el 20 de octubre del 2015 por los entonces jefes de bloque de Diputados del PRO, Federico Pinedo; y del radicalismo, Mario Negri. Se trató del primer movimiento judicial del espacio Cambiemos, entre la primera y la segunda vuelta electoral para elegir presidente.
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Los legisladores, asesorados por el actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, sostenían que el Banco Central estaba generando un perjuicio patrimonial al Estado al vender a 10 pesos algo que debía venderse a 15.
"Al momento mismo de realizar esos contratos, se estaba soslayando olímpica y deliberadamente el verdadero precio de mercado, teniendo en cuenta el contexto económico imperante en el país, al cual el mercado como se ha visto no era ajeno", sostuvo Bonadio en el fallo en el que sostuvo que la decisión política de la entonces presidenta le generó pérdidas al Estado.
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Aunque los diputados opositores no habían denunciado a la entonces presidenta, en febrero Bonadio la acusó de haber aprobado operatoria que habría representado "una pérdida de 17.000 millones de dólares" a la institución monetaria, según constaba en la imputación.
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