El crimen en Villa Las Rosas sigue dando qué hablar
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22 de enero 2017
{[ caption ]}{[copyright]} {[ caption ]}{[copyright]} {[ caption ]}{[copyright]} {[ content ]} {[ caption ]}{[copyright]} {[ caption ]}{[copyright]} {[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]} El caso de la joven Andrea Neri, asesinada dentro de una celda durante una visita íntima al penal de Villa Las Rosas, se ha transformado en una caja de Pandora para los autoridades responsables de la política carcelaria en la provincia.A medida que pasan los días y lejos de quedar como un simple crimen intramuros en el penal, el asesinato de la joven va develando situaciones inauditas que podrían haber estado ocurriendo desde hace mucho tiempo en la cárcel, pero que encontraron en el violento homicidio un punto de inflexión.Poco se sabe hasta el momento de los cambios operativos que se dieron dentro de penal tras el homicidio. Es de esperar que las visitas íntimas, un derecho amparado con rango constitucional para las personas privadas de su libertad, se mantengan aunque no en las mismas condiciones de control, tanto para los internos como para sus familiares.La provisión de materiales y herramientas en los talleres también ha de ser otro punto de extremo cuidado para las nuevas autoridades penitenciarias, así como la circulación entre los presos, de celulares y otros equipos tecnológicos de tenencia prohibida.Al margen de los controles y los métodos operativos en el penal, la Justicia parece estar dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a las responsabilidades directas que les caben a los funcionarios.En las últimas horas se produjo la detención de dos oficiales penitenciarios. El primero fue Fernando Daniel Velázquez, subjefe del Departamento de Tratamiento y Vigilancia de la Unidad Penal 1, quien fue imputado por abandono de persona, seguido de muerte. La misma determinación, según fuentes del penal, corre para Héctor Augusto Franco, jefe de pabellón E, quien habría sido detenido en forma posterior.El Tribuno había anticipado esta medida judicial ordenada por el fiscal Pablo Paz, quien también tendría en mente citar para mañana lunes a Juan Carlos Gutiérrez y José Luis Avalos, quienes cumplían las funciones de director y jefe del penal respectivamente, al momento del crimen.Mientras tanto, se van conociendo más detalles del aberrante homicidio. Andrea Neri fue asesinada por Gabriel "Chirete" Herrera con un doble mecanismo: asfixia y heridas mortales con un elemento punzante. Para lo primero utilizó una remera y para lo segundo un "tallado" que es un elemento de trabajo que utilizan los internos.Se supo también que la joven recibió mas de 30 estocadas (no 18 como se había informado oficialmente en un principio) en distintas partes del cuerpo, la mayoría en el tórax y en el cuello.Otro dato que trascendió en las últimas horas es que el femicida serial estuvo con la joven por un lapso de una hora y media, aunque se desconoce en qué momento la asesinó. Todos estos elementos están siendo analizados puntillosamente por la Justicia para determinar los grados de responsabilidad en el control y la seguridad del penal.Es de esperar que, de acuerdo a la evolución de la investigación judicial, este asesinato no quede en el mero caso de un "crimen tumbero". Se juega la credibilidad de un sistema que debe readaptar socialmente a quienes cometan delitos, aunque a esta altura de las circunstancias ese parece ser un tema menor.Hace pocas horas la Policía detuvo a un hombre que intentó terminar con la vida de su pareja en el barrio Norte Grande de esta ciudad. Al parecer la quiso matar y le quemó el 80 por ciento de su cuerpo. La mujer está grave y el sujeto, en su defensa, aseguró que fue ella quien quiso suicidares. Hubo una reacción popular y los vecinos intentaron lincharlo. La noticia se suma a otras ocurridas en Orán, Tartagal y varias localidades salteñas.Los casos sobre femicidios, o intentos, se suceden casi a diario en diversos puntos de la geografía provincial: es un flagelo nacional, pero que castiga particularmente a Salta. Desde el crimen de Rosana Alderete, hasta el homicidio de las turistas francesas, pasando por otros menos conocidos pero igual de violentos, el femicidio es un estigma que golpea sistemáticamente las estructuras de poder, sin que aparezca una solución de fondo a los esquemas preventivos que intentan aplicarse desde el Estado.La carga política que significan los crímenes contra las mujeres en la provincia amenaza con convertirse en una pesadilla para la última parte del gobierno de Juan Manuel Urtubey.
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