Luego de la conmoción que causaron, sobre todo a funcionarios municipales, los operativos ordenados por la Justicia Federal en el Centro Cívico Municipal (CCM) y ocho allanamientos de San Lorenzo, Vaqueros y San Luis, que se concretaron el lunes pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analiza la documentación y los elementos secuestrados para fundar las acusaciones por lavado de dinero que pesan sobre una sociedad comercial contratista del Estado.
Fuentes judiciales aclararon a este medio que el organismo tributario luego girará las actuaciones a la Fiscalía Federal 1 de Salta, a cargo de Ricardo Toranzo, quien deberá determinar los pasos a seguir en la investigación por defraudación.
Se espera que los primeros informes de la AFIP demoren al menos un mes.
Ayer desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que fue la encargada de concretar los allanamientos, brindaron detalles del material secuestrado durante los operativos del lunes.
Se releva que la investigación contra la sociedad empresaria salteña se inició hace un año y ya se identificaron “a los responsables” de emisión de facturas apócrifas para el lavado de dinero.
“Se secuestró gran cantidad de documentación en formato papel y digital, notebooks, CPU, DVD, sellos y chequeras, de sumo interés para la investigación. Además, se incautaron 19.000 dólares (unos $740.000) y 20.000 pesos, todo lo cual quedó a disposición del Juzgado Federal de Salta N° 1, a cargo de Julio Leonardo Bavio”, consigna la comunicación de la PSA.
Ante las dudas obvias que genera el procedimiento judicial por evasión al fisco que se concretó en oficinas del CCM, la concejal del Partido Obrero Cristina Foffani solicitó al Ejecutivo municipal que se ordene al jefe de Gabinete, Luis María García Salado, y al secretario de Hacienda, Pablo Gauffin, presentarse en el Concejo Deliberante para informar la relación de las sociedades investigadas con la Municipalidad y las medidas adoptadas al respecto.
Fuente: El Tribuno
