La querella solicitó una pena de 18 años de prisión al exjuez federal de Orán Raúl Reynoso, en el juicio oral por el que está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita destinada a favorecer a narcotraficantes mediante resoluciones judiciales, y que desde ayer entró en la etapa de alegatos.
«Esta querella acusa a Raúl Reynoso como autor voluntario y responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe, en concurso real con concusión y este último delito en concurso ideal con prevaricato, en perjuicio de Bruno Mazzone y Pablo Meneses», expresó el querellante Carlos Garmendia.
El letrado, que representa a empresarios que aseguraron que fueron obligados a pagar sumas de dinero para lograr su libertad en causas que para ellos fueron falsificadas, y por las que la Cámara de Apelaciones los sobreseyó, señaló que José Abella y José Mazzone también fueron perjudicados por asociación ilícita, y solicitó que se le imponga a Reynoso «la pena de 18 años de prisión e inhabilitación especial por diez años».
Garmendia y su colega Evangelina Navarro fueron los que abrieron la audiencia de alegatos del juicio a Reynoso, que comenzó el 4 de septiembre de 2017, desde cuando pasaron alrededor de 200 testigos.
Reynoso (59) llegó al debate procesado como jefe de la organización, mientras que en el banquillo de los acusados también están los abogados María Elena Esper (73), Ramón Valor (54), Arsenio Eladio Gaona (55) y René Gómez (79); el jefe de despacho del juzgado, Miguel Ángel Saavedra (57); el ordenanza César Aparicio (60) y su hermana Rosalía Aparicio.
Desde el 2010
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de la capital salteña -integrado por Federico Díaz y los jueces subrogantes de Tucumán Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla- está a cargo del juicio. El juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, fue quien procesó a Reynoso por los delitos de «asociación ilícita en carácter de jefe u organizador; concusión en nueve hechos, en concurso real; y prevaricato en seis hechos, en concurso ideal».
Para Bavio, esta organización fue montada, coordinada y encabezada por Reynoso, y funcionó en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, del norte salteño, al menos desde el 19 de marzo de 2010.
La asociación se dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, favorables a los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculados a la narcocriminalidad.
El miércoles 4 de noviembre en la ciudad de Orán y también en esta capital, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desplegó su accionar a través de distintos allanamientos que habían sido ordenados por el juez Bavio a solicitud de los fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Iglesias, este último de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar), llevaron a cabo la compleja investigación.
Esa tensa jornada en el norte provincial, donde se encuentra una de las fronteras más calientes en materia de narcocriminalidad, terminó -en realidad era el comienzo del fin- con el allanamiento al Juzgado del ahora exjuez y la detención en ese momento de tres de los abogados involucrados en la causa.
Fuente: El Tribuno
