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11/02/2017 Brasil
Policías ignoran el acuerdo y sigue la huelga que generó 137 muertos
El ministro de Defensa de Brasil, Raúl Jungmann, extendió sin fecha la presencia de tropas federales en las ciudades del estado Espíritu Santo, donde una ola de violencia causó al menos 137 muertes durante una huelga policial que cumplió una semana.
"Las tropas federales se quedarán durante el tiempo que sea necesario", afirmó Jungmann en una rueda de prensa en Vitoria, la capital regional, ciudad que, según el ministro, "está volviendo a la normalidad", pese a que los policías militarizados siguen en huelga.
Jungmann fue la cabeza de una representación del Gobierno central que se reunió de emergencia con el gobernador interino, César Colgano, y con el titular, Paulo Hartung, quien está de licencia médica para tratarse un cáncer, pero que estuvo al tanto de la crisis de seguridad pública.
La reunión fue apenas horas después de que los agentes policiales decidieron permanecer acuartelados, a pesar de un acuerdo anunciado anoche entre el Gobierno regional y representantes de las asociaciones de la Policía Militarizada, que reclaman mejores salarios, condiciones de trabajo y renovación de equipamientos.
"Apelamos a los buenos policías, oficiales y comandantes: que honren sus uniformes, su juramento, y vengan a las calles a defender a su pueblo", señaló Jungmann, según la estatal agencia Brasil.
La huelga debía terminar esta mañana y los policías volver a sus puestos, pero los agentes militarizados no cumplieron lo dispuesto y siguieron resguardados en los cuarteles.
En la última semana, los familiares de los policías militarizados acamparon en la puertas de los cuarteles para impedir la salida de los agentes, quienes por tener estatus de soldados no pueden declararse en huelga y, en caso de hacerlo, se enfrentan a una pena de dos años de prisión.
La crisis de seguridad pública, por falta de efectivos en las calles, generó una ola de violencia que ya dejó al menos 137 muertos, según el Sindicato de la Policía Civil, principalmente en Vitoria, ciudad en la que muchos locales comerciales, bancos y oficinas públicas permanecen cerradas. El servicio de transporte, suspendido de a ratos, parece retornar gradualmente.
Además de Jungmann, se desplazaron desde Brasilia hasta Vitoria el procurador general de la República, Rodrigo Janot; el ministro interino de Justicia, José Leví do Amaral; el ministro de la Secretaría de Gobierno, Antonio Imbassahy, y el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general Sergio Etchegoyen.
Según el ministro, 3.130 efectivos del Ejército y de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo élite de las Policías de diferentes estados, patrullan las ciudades, respaldados con tres helicópteros, 180 vehículos y tres camiones tanque blindados. Se trata del “Operación Capixaba”, por el gentilicio de las personas de Espíritu Santo.
El salario básico de un agente que comienza en la Policía Militarizada de Espíritu Santo es de 2.646 reales (unos 850,8 dólares) mensuales, el más bajo en los 27 estados del país y un 59,9 % menos de lo que gana un efectivo en las mismas condiciones en el Distrito Federal de Brasilia.
La protesta se extendió al vecino estado de Río de Janeiro, en plenos preparativos de los carnavales, donde 29 batallones fueron bloqueados por mujeres de los agentes, aunque la gobernación del Estado relativizó la medida, que atribuyó a apenas el 5 por cierto de la fuerza.
Con la medida de fuerza, los policías cariocas intentan conseguir el pago del aguinaldo, que todavía no fue depositado, y mejoras en las condiciones de su trabajo.
En Belem, capital del norteño y amazónico estado de Pará, también se presentaron desde el viernes pequeñas manifestaciones similares por parte de los familiares de los policías militarizados, pero como sucedió en Río de Janeiro la gran parte del contingente continúa con sus funciones habituales en las calles.
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