Latinoamérica
02/03/2017 Honduras
Reclamaron justicia al cumplirse un año del asesinato de Berta Cáceres
El asesinato de la dirigente indigenista, ambientalista y humanitaria hondureña Berta Cáceres, del que se cumple un año este viernes, "no constituye un hecho aislado" y "demuestra la grave situación de riesgo" que sufren los activistas en Honduras, afirmó hoy una confederación de grupos ecologistas de España.
Además, a pesar de "la captura de cuatro sicarios y tres intermediarios", no se hizo justicia al homicidio de Cáceres porque "aún permanecen en libertad quienes instigaron el crimen y pagaron a sus ejecutores", advirtió en un manifiesto divulgado hoy la organización Ecologistas en Acción, que reúne a unos 300 grupos ambientalistas de España.
"Lo ocurrido no constituye un hecho aislado, el asesinato de Berta demuestra la grave situación de riesgo en que se encuentran las y los defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza en contra de la explotación de sus territorios", dice la nota.
El documento precisa que entre 2012 y 2015 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que encabezaba Cáceres, sufrió el asesinato de al menos 10 de sus integrantes.
Dos meses después de que Cáceres fuera asesinada, su hijo Salvador Zuñiga, estudiante avanzado de medicina radicado en Buenos Aires, reclamó, en declaraciones a Télam, que se formara "una comisión internacional independiente" para aclarar ese asesinato, dado que él y sus hermanas fueron "excluidos del proceso de investigación desde sus inicios".
También exigió que el gobierno aceptara para ese trabajo el apoyo ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero hasta ahora ninguno de esos reclamos fueron atendido.
Zuñiga mencionó el caso de uno de los cuatro dirigentes del Copinh asesinados antes que su madre, Tomás García, y subrayó que "el militar que le disparó sólo fue detenido por unos días y luego quedó en libertad; además hay videos de militares que entraban a medianoche a la casa de compañeros y compañeras diciéndoles que si seguían con esa lucha los iban a asesinar".
García expresaba la oposición de la Copinh a un proyecto hidroeléctrico concedido a un consorcio integrado, entre otros, por una empresa china y la hondureña Desa, y financiado por bancos holandeses, alemanes y finlandeses.
"Comprobar que la empresa Desa está involucrada en el asesinato de mi madre (varios de los detenidos son empleados de seguridad y jerárquicos de esa compañía), implica que el Estado también lo está", sostuvo Zuñiga.
El manifiesto de Ecologistas en Acción también señaló que "el Relator Especial para personas defensoras de la ONU ha denunciado que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como la colusión entre gobiernos y empresas para cometer ataques y asesinatos".
"En la mayoría de casos, los responsables siguen impunes", indicó, y añadió: "Estamos ante una estrategia extendida de grandes empresas, inversores y cuerpos represivos para perseguir y reprimir a quienes denuncian el acaparamiento y destrucción de recursos y el desplazamiento de comunidades enteras".
"Hay que denunciarlo con claridad: no se trata de bandas incontroladas ni de hechos episódicos, sino de actuaciones sistemáticas de los grandes capitales para amenazar y cercar a los movimientos sociales y campesinos que desafían el paradigma económico capitalista, saqueador de pueblos y ecosistemas", remarcó el documento.
Por otra parte, el experto de la ONU Michel Frost criticó la "vulnerabilidad del sistema judicial hondureño" tras el robo del expediente del caso el 28 de septiembre del año pasado por desconocidos que asaltaron en su auto a la jueza María Luisa Ramos, que entiende en esa causa.
Por ese motivo, el funcionario de la ONU también recomendó la creación de una comisión investigadora independiente, reportó el diario hondureño El Heraldo.
En tanto, un comunicado del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Honduras, firmado por la coordinadora Consuelo, recordó que "la impunidad alimenta el miedo entre la sociedad civil en general, debilitando las aspiraciones generales de los derechos humanos y el estado de derecho". etiquetas
