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Provinciales

#Salta adhirió a la Ley Yolanda de formación ambiental para funcionarios públicos

La Ley 27.592  “Yolanda” tiene como objetivo capacitar a las personas que se desempeñen en la función pública en todos los cargos nacionales y provinciales dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial e invita a los municipios a adherir. El fin es proporcionar una formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático.

De acuerdo a lo que indica el instrumento legal sancionado a nivel Nacional en noviembre de 2020 y con adhesión legislativa salteña mediante la Ley Nº 8258  promulgada el 12 de julio de este año, el poder Ejecutivo Provincial deberá determinar la Autoridad de Aplicación quien a su vez contará con 90 días contados desde la promulgación, para trazar los lineamientos generales de las capacitaciones.

En este sentido, propone convocar a instituciones científicas especializadas en la materia y a organizaciones de la sociedad civil, garantizando de esta manera la participación pública en el proceso de confección de los lineamientos generales establecidos en la norma y que estructuran el proceso de formación que se asentará en dos ejes fundamentales: la sensibilización y la transmisión de contenidos.

La Ley reafirma el carácter transversal del ambiente al reconocer su incidencia en todos los niveles de la función pública, resaltando la importancia de educar ambientalmente a las/os funcionarias/os que tienen la responsabilidad de tomar decisiones que deben garantizar el sostenimiento y la reproducción de la vida, para lo cual es resguardo de la diversidad biológica y cultural es un punto estratégico

Los lineamientos que articulan la propuesta de capacitación se asientan en la normativa ambiental vigente y las premisas del desarrollo sostenible como proyecto social que debe promover la generación de políticas públicas que fomenten la construcción de una ciudadanía crítica, responsable y comprometida, con derecho a gozar de un ambiente sano, digno y diverso.

Además, se basa en políticas públicas en clave ambiental, que conjuguen el desarrollo económico con justicia social, la preservación de la biodiversidad, el respeto a los pueblos originarios, la igualdad de género y la promoción de democracias participativas.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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