Se oficializó la intervención administrativa por tres meses del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis). En el Boletín Oficial se publicó el decreto que confirmó la decisión del Gobierno provincial luego de que se conocieran duras auditorías de la Sindicatura General.
Se detectaron numerosas irregularidades en la administración económico financiera, consistentes en una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos, según manifiesta el decreto.
El informe advierte que durante 2018 y 2019 se habría entregado fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que hubiesen rendido el destino asignado a los mismos, como también el retiro de dinero de la cuenta bancaria «sin asignación específica» y sin intervención del área contable, es decir sin contar con la pertinente orden de pago.
Cheques que no estaban en las chequeras, faltante de documentación en el área contable, falencias en el control interno, certificaciones de obras no efectuadas, incompatibilidad para la adjudicación y contratación de obras e informes de movimientos de cuentas bancarias eran algunas de las irregularidades que se le adjudicaban al Ippis
Sin embargo, la falta más grave estaría relacionada con el desmanejo de chequeras. La auditoría efectuada por la Sindicatura detectó a partir del año 2017 la emisión de cheques no registrados en sus respectivas chequeras ni en el área contable del Ippis, con el agravante de que algunos dichos títulos fueron presentados para su cobro y debitados de la respectiva cuenta bancaria de la entidad.
El decreto de intervención contempla además la creación de una comisión Interventora y Normalizadora la que deberá adoptar las medidas necesarias para la regularización de este ente autárquico. Esta comisión estará integrada por Ramiro Chávez, José Campos Bertoldi y Adriana Cantarero.
El jueves la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, expresó que en su cartera empezaron a trabajar desde julio con las autoridades del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas para tratar de asesorarlas, sobre todo en la situación financiera del organismo y ayudar a que puedan tener un registro.
La funcionaria comentó que se trató de trabajar para que los referentes del Ippis incorporaran un nuevo sistema a través de redes internas, como tienen todos los demás organismos y para que quedaran registradas todas las salidas y las órdenes de pago, a cargo de quién estaban y las rendiciones de cuentas, sin embargo no tuvieron éxito.
Tras la elección
Cruz explicó que después del período de renovación de autoridades, proceso electoral que se realizó en diciembre del año pasado, la nueva comisión del directorio pidió el corte contable del ente y solicitó que se realice una auditoría en las cuentas del organismo. El 1 de febrero, el presidente del Ippis, Alejo Gallardo, mantuvo una reunión con la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la Provincia para abordar este tema.
«Al poco tiempo la Sindicatura de la Provincia nos hizo llegar el informe en el que nos pide que se haga una intervención administrativa y financiera para poder determinar algunas situaciones irregulares que detectó la auditoría. No es para nosotros de agrado el tema de las intervenciones pero dada la situación, que hay que corregir estas falencias», explicó.
