Diputados nacionales de Salta y Chubut preparan proyectos de declaración, de ley y amparos colectivos contra el recorte a las asignaciones familiares decidido por el Gobierno nacional a través de un decreto que se conoció el viernes.
En un contexto de inflación descontrolada y pérdida de poder adquisitivo por paritarias atrasadas, la medida oficial sube el piso para acceder al beneficio y baja el techo salarial para definir quiénes pueden acceder al cobro de la ayuda social.
Asimismo, recorta entre 50 y 75 por ciento el pago diferencial por zona desfavorable, que beneficiaba a familias con niños ubicadas en zonas inhóspitas de la Patagonia y el NOA, principalmente de algunas de las áreas más pobres de Salta, como la periferia de San Martín y Orán, y la totalidad de los departamentos Rivadavia, Santa Victoria y Los Andes.
El diputado nacional del Frente Para la Victoria Sergio Leavy presentará un proyecto de declaración para que la Cámara Baja rechace el decreto 702/18 y participa junto a otros legisladores en la confección de un amparo colectivo al que quieren sumar a intendentes de las localidades afectadas y gobernadores y legisladores de las provincias perjudicadas.
En diálogo con El Tribuno, Leavy indicó: «Esto nos va a traer muchos problemas sociales en el norte. Los grupos de piqueteros ya están empezando a organizarse en comisiones interdepartamentales para protestar por estas y otras políticas del Gobierno nacional que día a día reafirma su visión centralista de la Argentina».
El diputado nacional resaltó que el dinero de esas asignaciones familiares diferenciales «hace un círculo virtuoso en los pueblos de los departamentos donde se pagan y que con la decisión del Gobierno se va a perder esa ayuda en zonas que son de las más pobres del país».
«Nosotros hicimos un proyecto que presentaremos el lunes donde marcamos el máximo de los rechazos a semejante medida», indicó Leavy, y anticipó: «El bloque del FPV organiza para el miércoles, a las 10, una conferencia de prensa y una jornada de trabajo para rechazar esta disparidad».
El proyecto elaborado por Leavy resuelve: «Expresar repudio por el decreto N´ 702/2018 del Poder Ejecutivo Nacional que modifica los topes mínimos y máximos de ingresos del grupo familiar e individual, provocando una profunda inequidad so pretexto de evitar la captación indebida de prestaciones de la seguridad social».
En sus fundamentos, el proyecto indica que los cambios impulsados «solo contribuirán a aumentar, aún más, las profundas desigualdades que hasta hoy existen» en las zonas afectadas, «impactando de manera negativa en los niños perjudicados que ascienden a la suma de ciento cincuenta mil entre la Patagonia y el norte de nuestro país».
«No queda otra alternativa que expresar el rechazo absoluto al decreto 702/2018 porque además de aumentar aún más las desigualdades que sufren los niños que residen en las zonas precitadas, también resulta falsa la afirmación del Gobierno nacional cuando expresa que este decreto es necesario porque, conforme su entender, desde Anses afirmaron que ya no existían diferencias importantes entre los ingresos y el costo de vida de las distintas zonas, causante de las inequidades, dato este que se desmiente al poco andar, al realizar un simple cotejo entre el costo de vida entre las zonas diferenciadas en relación a aquellos lugares no contemplados», detalla el documento.
Finalmente, indica que «capítulo aparte merece la afirmación de que la vigencia de este decreto es necesaria a fin de evitar el fraude en el que -conforme las afirmaciones del Gobierno nacional-, incurren algunos empleadores que declaran remuneraciones ínfimas a los efectos de que los trabajadores cobren las asignaciones familiares, ya que aún en el caso de ser cierta esta posibilidad, castigar al trabajador no resulta el mejor remedio para prevenir este tipo de fraudes, más teniendo en cuenta que la legislación vigente a la fecha en materia penal y del trabajo contempla los mecanismos legales a seguir a fin de repeler estas conductas, por cierto, totalmente reprochables, sin necesidad de afectar de manera negativa la calidad de vida de los niños».
Finalmente, Leavy indicó que con esta medida «el Gobierno se ahorra 5 millones de dólares por mes, una cifra que no es significativa en lo económico, pero que marca el pensamiento del Gobierno nacional».
Buscarán aumentar las asignaciones por ley
Para contrarrestar el decreto oficial que recorta las asignaciones familiares y termina con el régimen diferencial en cuatro zonas desfavorables del país, el diputado nacional por Neuquén Darío Martínez presentará un proyecto de ley para incrementar los montos que hoy perciben los beneficiarios.
El proyecto propone incorporar a la ley N° 24.714 el “artículo 18 bis: Los montos establecidos en el artículo 18° para las asignaciones familiares previstas en la presente ley, se incrementarán en los siguientes porcentajes para los beneficiarios que vivan en las zonas que a continuación se detallan: a) Incremento del 100% para Zona 1; b) Incremento del 200% para Zona 2; c) Incremento del 300% para Zona 3; d) Incremento del 300% para Zona 4”.
Los departamentos salteños afectados pertenecen a las zonas 1 y 3.
En sus fundamentos, el proyecto que ingresará esta semana a la Cámara de Diputados establece que “conociendo las intenciones del gobierno del presidente Mauricio Macri, revalidamos el concepto de zona desfavorable aplicado a las asignaciones familiares y proponemos se incrementen los porcentajes percibidos por sus beneficiarios”.
FUENTE: EL TRIBUNO
