La audiencia se realizó el pasado jueves en la Sede Descentralizada de Tartagal, a cargo del fiscal federal, Marcos Romero, quien formalizó la imputación penal contra Walter Fabricio Peña Guerra y Vinicius López Borges por el delito de transporte de estupefacientes.
Además, logró que se dicte la prisión preventiva de ambos acusados, el primero de ellos de nacionalidad uruguaya y el segundo brasileño. En la audiencia, dirigida por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, el auxiliar fiscal, Rafael Lamas, fundamentó con amplias evidencias la conducta delictiva de los dos detenidos.
Al presentar el caso, sostuvo que la detención se registró el 5 de marzo pasado en un puesto de control, en la ruta 34, kilómetro 1.428, a la altura del paraje Carapari, en Tartagal, a más de 350 km de la capital. Indicó que, en ese lugar, personal de Gendarmería Nacional, del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” detuvo un automóvil Volkswagen Fox, elque era conducido de norte a sur por Peña Guerra, mientras que López Borges iba en calidad de acompañante.
Mientras se realizaba el control de la documentación del rodado, los uniformados percibieron un fuerte olor a combustible, por lo que, al revisar superficialmente el sector del tanque, es que notaron ciertas anomalías, lo que generó un fuerte estado de sospecha.
Ante ello, y bajo las directivas impartidas por el fiscal auxiliar, es que se avanzó con una requisa más profunda, para lo cual se utilizó primero un scanner portátil, el que detectó imágenes de objetos extraños dentro del tanque de combustible, lo que también fue confirmado por el can antinarcóticos que revisó el automóvil.
Lamas reveló que, al examinar el tanque, se extrajeron 15 “ladrillos” de droga, equivalentes a 17 kilos de cocaína. Asimismo, se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares y los papeles del auto, el que estaba a nombre de uno de ellos, pero no registraba ingreso legal a nuestro país.
Fuertes evidencias
Al avanzar con la investigación, el auxiliar fiscal se refirió a evidencias colectadas, las que pudieron establecer que los dos acusados habían ingresado al país el 2 de marzo pasado, a través del puente internacional de Salvador Mazza, pero no con el rodado.
Indicó que, ambos acusados, como lo reconocieron al ser identificados ante el juez, se desempeñaban como comerciantes en la ciudad de Chuy, ubicada frente a la costa atlántica. Uno en el rubro de ropa y el otro de productos electrónicos, siendo amigos. Sobre su presencia en Salta, en tanto, dijeron que lo hacían en calidad de “turistas” y se habían alojado en un hotel de Tartagal.
Entre otros aspectos, el auxiliar fiscal resaltó el hecho de que los acusados hayan realizado un recorrido tan extenso, de más de 1.600 kilómetros, por los países de Paraguay y Brasil, para luego ingresar a Argentina por Bolivia. Es más, precisó que uno de ellos, luego cruzó varias veces más la frontera hacia territorio boliviano, para finalmente volver con el automóvil, pero por no por un paso legal.
En la hipótesis de la fiscalía, no se descarta como destino probable de la droga, la costa atlántica, donde sería comercializada. Para mayor claridad, la fiscalía pidió un análisis de los teléfonos, pero no por cinco o seis días, como habitualmente permite el juzgado, sino más atrás en el tiempo, pues operaciones de tráfico como estas no se coordina con una semana de anticipación.
En base a los fundamentos esgrimidos, el magistrado autorizó que un plazo de 45 días para dicha pericia, como así también autorizó otras medidas. Asimismo, dictó la prisión preventiva de los dos acusados, la que fue requerida por el auxiliar fiscal en base a la gravedad del hecho, la logística empleada y los riesgos procesales, tal como la fuga y el entorpecimiento de la investigación penal.
