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Una ONG pidió a la Justicia frenar la audiencia pública por la tarifa del gas
Cepis, la organización que frenó el tarifazo de abril, envió un escrito en el que considera que el Gobierno no brindó "información adecuada a los usuarios". Definen los tribunales de La Plata.
El Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la ONG que logró el fallo que frenó el tarifazo del gas, pidió a la Justicia Federal de La Plata que suspenda la audiencia pública de este viernes, en la que el Gobierno explicará el nuevo cuadro tarifario que regirá a partir de octubre.
Según la ONG, el Ejecutivo no entregó "información adecuada" a los usuarios, por lo que pidió al juez Alberto Recondo, titular del Juzgado federal N°4, que impida la audiencia de La Usina de las Artes.
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"El Gobierno incumple el fallo de la Corte Suprema que ordena dar a conocer el costo de producción, generación y trasporte, diferenciado por empresas y por cuencas de producción", sostuvo CEPIS en el escrito que presentó ante el juez.
El Ministerio de Energía de Juan José Aranguren publicó en la web del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) el cuadro tariario que piensa aplicar a partir de octubre. Contempla una suba promedio del 203% para el precio del gas que abonan los usuarios residenciales y aumentos semestreales, en abril y octubre, hasta 2019. De esa forma, se eliminarán los subsidios en un plazo de tres años y, según el Gobierno, se cumplirán con los requisitos de "gradualidad y previsibildad" que impuso la Corte Suprema para definir las tarifas.
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En la Patagonia y la Puna, donde el predio del gas es más barato, la quita de subsidios será más gradual y se estirará a 2022.
En todos los casos, el Gobierno piensa mantener la tarifa social.
El Ejecutivo definirá así nuevos valores del precio de gas en boca de pozo, producido localmente, y del importado. También aplicará un aumento provisorio a las transportistas y distribuidoras de gas, hasta abril. En abril regirán nuevos valores de transporte y distribución, que surgirán de otra audiencia pública para definir los planes de inversiones y costos de esas empresas.
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