Los representantes designados por los partidos políticos y agrupaciones políticas
Pertenecientes a Unidad Ciudadana – Salta, que se detallan a continuación:
- Partido de la Victoria.
- Partido Frente Grande.
- Movimiento Popular Unido (M.P.U.).
- Partido Kolina.
- Partido de la Concertación FORJA.
- Agrupación Nuevo Encuentro.
- Agrupación Cabildo Abierto.
- Agrupación Irrompible Salta
- Movimiento Nacional Alfoncinista (MMA).
Quienes, en forma conjunta deciden redactar el presente documento ante la consulta institucional realizada por el Dr. Marcelo López Arias – Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, en cuanto a la conveniencia y oportunidad para llevar a cabo la reforma de la Constitución de la Provincia de Salta. Por ello resuelven:
- La reforma de la Constitución es inoportuna HOY.
Nuestra constitución provincial sufrió quince reformas a lo largo de su vida.
Desde 1983 a la fecha en tres oportunidades, respondiendo éstas, a intereses minoritarios impuestas por el sector político dominante.
La reforma que se propone hoy se limita nuevamente a responder a esos mismos intereses sectoriales sin abordar los grandes temas y principales demandas que la sociedad salteña reclama históricamente.
Esta nueva crisis económica y social que vivimos, generadas por las políticas neoliberales que destruyen las pymes salteñas, las economías regionales, la agricultura familiar, la educación, la salud, la seguridad pública y agrava los índices pobreza, de violencia de género, de femicidios, de abortos clandestinos, desnuda brutalmente la debilidad de las instituciones, la desigualdad y la profunda exclusión de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Esta crisis refleja las asimetrías y desigualdades entre la capital y el interior profundo, entre criollos y originarios, entre mujeres y varones, todas cuestiones esenciales que no forman parte de la agenda propuesta.
Consideramos que la convoca un gobierno herido en su legitimidad, ya que habilitó un tercer mandato con una sentencia de la Corte hecha como un traje a medida.
No es oportuna porque nuevamente avasalla los tiempos indispensables para garantizar el debate profundo y la participación popular.
No es integral, porque no responde a las reales demandas de la sociedad salteña. No surge de la deliberación pública entre los ciudadanos y el saber técnico.
En definitiva, los puntos propuestos para su modificación (periodos y mandatos) son en realidad una cortina de humo para ocultar el verdadero objetivo: que los cargos de los jueces de la Corte de Justicia sean vitalicios, para asegurar la impunidad presente y futura de quienes gobernaron y gobiernan esta provincia.
- Una nueva Constitución es imprescindible.
Deberá ser una Constitución ordenadora de las acciones y de los intereses de la sociedad con relación al Estado provincial.
La conformación de una nueva institucionalidad solamente puede ser exitosa si es el fruto de un amplio debate y movilización y de un efectivo compromiso popular en su elaboración. No se trata de una simple reforma, sino de una nueva constitución que recoja las nuevas demandas de la sociedad a través de los aportes de las organizaciones sociales de nuestro pueblo: los municipios, sindicatos, universidades, movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones barriales, sociales deportivas y culturales, los centros de investigación estudiantiles, la pequeña y mediana empresa, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, de jubilados, las asociaciones de profesionales, los medios de comunicación.
Esta nueva constitución debe incluir: la integración política, social, económica, financiera, cultural y tecnológica; la ampliación de derechos humanos y sociales; la defensa de las lenguas originarias; la perspectiva de género; justicia y bienestar social; la defensa del trabajo digno y las políticas del buen vivir; las audiencias públicas vinculantes; la distribución equitativa de los recursos de coparticipación a los municipios para reforzar su autonomía; la protección y regulación de los recursos y riquezas naturales; la transformación del poder judicial y su democratización; la vigencia de una democracia participativa y la responsabilidad de los funcionarios ante el pueblo y sus organizaciones; el control popular en la administración de las finanzas públicas (órganos de control integrados por la oposición) ; las mejoras en el sistema electoral; la revocatoria de mandatos; el combate a la corrupción y el castigo a quienes como funcionarios o como agentes privados se apropien ilegítimamente de los recursos públicos.
Por todo lo dicho, resulta imprescindible la convocatoria a una reforma integral de la Constitución pero no es la hora, consideramos desde Unidad Ciudadana de Salta que la oportunidad para llevarla a cabo le corresponderá al próximo gobierno, coincidiendo también con la anhelada e imperiosa propuesta de Reforma de la Constitución Nacional.
