Sociedad
17/02/2017 fallo judicial
Australia: los choferes de Uber deben pagar los impuestos que pagan los taxistas
La justicia australiana aseguró que los conductores que utilicen esa plataforma de transporte deberán pagar el impuesto sobre bienes y servicios como cualquier otro taxista, aseguraron medios locales.
La justicia australiana aseguró que los conductores que utilicen la plataforma de transporte de pasajeros Uber deberán pagar el impuesto sobre bienes y servicios como cualquier otro taxista, aseguraron medios locales.
En 2015 la empresa de trasporte de pasajeros Uber, presentó un recurso legal ante la justicia australiana luego de que la Oficina de Impuestos (ATO, siglas en inglés) de ese país había determinado que los conductores de esta empresa tenían que pagar el tributo.
Esa demanda fue desestimada este viernes por un tribunal federal de Sídney al considerar que Uber brinda un "servicio de taxi" y por lo tanto los conductores deben registrarse ante la ATO y pagar el 10 por ciento que estima la tasa, además de la comisión que se lleva la empresa, informó la cadena local ABC, consignada por la agencia EFE.
"Estamos analizando la decisión y brindaremos a nuestros socios conductores más información tan pronto como la tengamos", comentó una vocera de Uber, sin precisar si se apelará el fallo.
La empresa explicó a lo largo del proceso judicial que sus conductores no son taxistas porque no utilizan las paradas para los taxis o recogen a los pasajeros en la calle.
Entonces, Uber pide a la justicia australiana que los conductores sean tratados como contratistas independientes y no como empleados, por lo que ellos son responsables de sus pagos tributarios.
En tanto, en Colombia rige un Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que busca regular el transporte de lujo en la modalidad individual de pasajeros y los servicios que se hacen a través de aplicaciones tecnologías como Uber.
Ante esta normativa, un ciudadano presentó una demanda ante la justicia de ese país en la que afirma que “el plan no especifica si esa regulación incluye las aplicaciones como la que maneja la plataforma o solo está destinada para los taxis de lujo”.
Luis Francisco Millán, demandó el articulo de la Ley 1753 del 2015, que indica que el gobierno se encargará de impulsar modelos para la gestión de la movilidad en las ciudades, en donde se contemplen alternativas que sirvan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Según el demandante, esa norma restringió “la potestad regulatoria” que tiene el gobierno, no solo por imponer un tiempo sino porque también indicó cómo debía ser la misma regulación, "en contravía de la libertad de locomoción y la libre competencia".
En este sentido, Millán consideró que en la aplicación de esta normativa se desconoce la igualdad de oportunidades en la prestación del servicio público y el derecho a elegir con quién transportarse.
La justicia colombiana tiene tiempo para emitir un fallo hasta el 29 de marzo.
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