Las patas en la fuente y las manos en la lata
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Las patas en la fuente y las manos en la lata
Por Damián Glanz│Sólo hay una garantía de que no se oculten: que la Justicia no se ahogue en la fuente de la “rebeldía popular” o que no se tropiece con la tentación de alguna otra lata.
Damián Glanz Columnista Todo Noticias
La oposición kirchnerista construyó un slogan para desviar la atención sobre la investigación criminal sobre el pasado reciente: “Quieren tapar el ajuste con la persecución judicial”. Esta semana dieron un giro, una tergiversación inesperada: se aprovecharon de la crisis social y la protesta para intentar disimular la corrupción. Un acto de encubrimiento de masas, en grado de tentativa.
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La primera fase de la estrategia fue inservible por lo ridícula o ingenua. “Un disparate mayúsculo”, diría Cristina Kirchner. La crisis, el efecto devastador de la inflación sobre los salarios y de la actividad sobre el nivel de empleo, es inocultable. No hay imputación o procesamiento que pueda disimular el ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores.
La nueva etapa de la resistencia K merece la atención porque incluye una invitación a la movilización: un frente ciudadano contra la transparencia.
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La inmersión podal de Amado Boudou y sus amigos en la fuente de la Plaza de Mayo en la misma semana que su jefa denunció persecución con fines proscriptivos no fue una casualidad. Lejos de representar a la clase obrera que reclamaba por la liberación de Juan Perón en octubre de 1945, lo del exvice fue una mojada preventiva. Ya lo dice la canción: “Si la tocan a Cristina…”.
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El paso de la expresidenta por el despacho del juez Julián Ercolini funcionó más como una advertencia a los adversarios y peronistas díscolos que como fuente de pruebas para la investigación que busca determinar si la gestión de la familia kirchner favoreció de un modo “criminal” a Lázaro Báez mediante el reparto de obras públicas.
Cristina Kirchner metió en el medio a los diputados, senadores y especialmente a sus exjefes de Gabinete. Salvo uno, Aníbal Fernández, los demás ya no le guardan lealtad plena. Menos aún Sergio Massa. Ella los responsabilizó por la distribución de los contratos. Jurídicamente son los “administradores generales de la Nación”, y en los hechos, quienes firman las decisiones administrativas que permiten el redireccionamiento de los recursos que autoriza el Parlamento para otros fines. Además metió en la bolsa a todos los gobernadores que la acompañaron en la década ganada y que ejecutaron, según ella, la mitad del presupuesto que recibió la Nación para obras. Y en extenso, cargó contra Ángelo Calcaterra, el primero de Mauricio Macri y contratista del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
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El descargo de la expresidenta dice a gritos: “Fuimos todos”. Y si fueron todos, nadie fue. Cristina invoca la existencia de un pajar para que se pierda su imputación. No se cansa de repetirlo: desde que asumió Néstor Kirchner y hasta el final de la gestión en 2015 el kirchnerismo manejó contratos por más de cien mil millones de dólares.
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“Resulta ridículo que con 107 mil millones de dólares de obra pública se diga que hubo sobreprecios o irregularidades en una sola provincia con una sola empresa, cuando hubo 24 mil empresas. Cuando llegamos al gobierno había 12 mil empresas de obra pública. Al 2015, llegamos 24 mil porque se duplicó la inversión pública”, argumentó esta semana.
Claro, no es lo mismo denunciar que se robaron una lata del supermercado, a decir que la lata en cuestión representa apenas el cero coma cero algo por ciento de las latas que se vendieron en ese boliche en diez años.
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Pero hablemos de la lata. Solo para obras de vialidad, las empresas de Báez recibieron unos 3 mil millones de dólares entre 2003 y 2015. Representa una porción menor, poco menos del 3 por ciento, de los 107 mil millones de dólares que Julio De Vido distribuyó o invirtió desde su ministerio en todo el país durante la “década ganada”.
Y ya que al parecer, y ante la evidencia recogida, Báez ahorraba su dinero en ladrillos, hagamos algunas cuentas con ladrillos. Con el dinero que recibió en contratos viales, Austral pudo haber construido unos 3,5 millones de metros cuadrados en departamentos de la Ciudad de Buenos Aires a precios de hoy. La consultora Reporte Inmobiliario estimó el mes pasado que, en promedio, se necesitan 876 dólares para edificar un metro cuadrado en una propiedad horizontal. Es decir que esos contratos de Báez equivalen a unos 50 mil departamentos de unos 70 metros cuadrados en Palermo, Caballito o Puerto Madero.
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Una de las concesiones que recibió Austral Construcciones fue para la reparación de tres tramos de la Ruta Nacional N°3. El actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, denunció que ese contrato incluyó un sobreprecio de 64,72%. Más tarde estimó que si todas las obras contenían maniobras semejantes, Báez pudo haberse alzado con cuatro o cinco mil millones de pesos en sobreprecios. Son 14 mil de esos departamentos porteños a estrenar. Puro aire y luz.
¿El desvió de cuántos departamentos de esos ameritarían para la expresidenta una investigación penal? Tal vez, como cada uno representa solo 0,0006 por ciento del presupuesto destinado a la obra pública, el vínculo con Baéz no merezca ser investigado. Es poca cosa.
Cristina Kirchner pasó del “vamos por todo”, al “vayan por ellos”.
Valga una digresión. La exmandataria se permitió un acto de plena obscenidad. Ni bien finalizó la indagatoria donde se le pedían explicaciones por los beneficios que habría obtenido gracias a su relación comercial con un contratista de obras públicas, se dedicó a dar clases de transparencia en materia electoral. Ahí, en ese escenario, machacó contra la reforma electoral que impulsa el gobierno. Otro “disparate mayúsculo”.
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Volvamos al eje. La expresidenta denunció que la causa judicial es una maniobra de persecución, proscripción y estigmatización del actual gobierno “a quienes representan los procesos de inclusión social y transformación económica más importantes que han tenido lugar y que han incorporado a millones de argentinos”.
No se privó de nada: hasta sumó a los más vulnerables a su estrategia de defensa penal.
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Cuatro días más tarde llegó la marcha de las CTA contra la gestión de Mauricio Macri. Fue el líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, el que bajó a Amado Boudou del escenario de la Plaza de Mayo. “Estos tipos son unos mentirosos, lo que les interesa es lavarse la cara en una movilización popular, para ver si pueden evitar que la sociedad los pueda juzgar y terminar presos”, explicó después. Son los riesgos de la “unidad”. En la maraña se pueden esconder los sobreprecios o los procesados.
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Pero el mensaje que buscó instalar la expresidenta llegó igual a los parlantes. El jefe de la otra CTA, Hugo Yasky, que la había acompañado a los Tribunales de Comodoro Py, se ocupó de desplegar la estrategia: “Es el Gobierno del revanchismo de clase. Se quieren cobrar doce años en los que tuvimos la posibilidad de recuperar algunas conquistas”. Finalizó su discurso con una convocatoria a “mantener encendida la llama de la rebeldía popular”.
Sólo hay una garantía de que las patas en la fuente no oculten las manos en la lata: que la Justicia no se ahogue en la fuente de la “rebeldía popular” o que no se tropiece con la tentación de alguna otra lata.
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