La noticia de la remoción del presidente Martín Vizcarra, por parte del congreso peruano, sorprendió al mundo.Para muchos, el mandatario representaba un símbolo de lucha contra la corrupción, y su alto nivel de adhesión popular permitía pensar que correría con otra suerte que la de sus predecesores, que terminaron con renuncias, destituciones o condenas judiciales. Pero no sucedió.
A partir de 2001 todos los mandatarios que gobernaron en Perú terminaron envueltos en escándalos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Después que en 2016 la constructora brasileña admitiera que pagó sobornos a cambio de contratos en casi toda América Latina, la megacausa, que afectó prácticamente a toda la región , indignó a la sociedad peruana y desarticuló a su élite política.
El resultado: un desfile de presidentes en problemas, suscitado por renuncias y destituciones.
Las casos de corrupción de las últimas dos décadas en Perú derivaron en la prisión preventiva de los tres expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski y en la trágica muerte, el año pasado, del exmandatario Alan García.
El político, de más de 40 años de trayectoria, se mató de un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido por la justicia, en el marco de una investigación por presuntas vinculaciones con el caso Odebrecht.
A partir de la caída de Kuczynski, había una enorme esperanza puesta sobre Vizcarra. Se creía que él iba a ser el bastión que iba terminar de limpiar la política peruana», señaló a LA NACION el director para las Américas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. Y, agregó: «Hasta el día de hoy tiene un gran apoyo popular de más del 50%, a pesar del impacto económico devastador que ha tenido la pandemia en el país, uno de los más afectados a nivel mundial, en lo que hace a su Producto Bruto Interno (PBI)»Aún así, con 105 votos a favor de la remoción, 19 en contra y 4 abstenciones, el Congreso sacó de su cargo a Vizcarra por «permanente incapacidad moral».
El ahora expresidente no pudo escapar a la regla que recae sobre Perú desde la renuncia, y posterior destitución en el 2000, del exmandatario Alberto Fujimori, emblema de la corrupción y los delitos de lesa humanidad en el país. Sin embargo, ¿cuál es el factor que lleva a Perú a encabezar el ranking de destituciones o renuncias, seguidas de prisiones preventivas de sus jefes de estado?
Vivanco, distinguió tres factores a tener en cuenta, en relación a este fenómeno. En primer lugar, el referente de HRW explicó que Perú cuenta con una fiscalía y un ministerio público «empoderados y robustos» de gran apoyo popular. «Los fiscales han logrado procesar y actuar con unos grados independencia que no son usuales para el país ni para América Latina. No es la norma en la región», destacó.
Por otro lado, resaltó también el accionar «encomiable» del poder judicial, en un país donde los escándalos de Odebrecht causaron «un enorme descrédito de la clase política peruana».
«La secuelas de Odebrecht permitieron el surgimiento de una fiscalía empoderada. Por otro lado, un presidente que era considerado como un símbolo de la lucha contra la corrupción terminó involucrado en unos delitos de sobornos y después hay un congreso, de composición mediocre, que se aprovecha de estas circunstancias», analizó Vivanco. Y, completó: «No creo que allí se estén ejerciendo funciones de peso y contrapeso sanas y democráticas».
El pedido para remover al presidente fue presentado por 27 legisladores después de haber difundido reportes que indicaban que Vizcarra supuestamente recibió 640.000 dólares en sobornos de dos empresas que ganaron la licitación de obras públicas cuando fue gobernador de la región Moquegua.
